Ajuste de cuentas con las redes sociales
Han tenido habilidad o suerte. Puede que hasta las torpezas de Arias Cañete en ese simulacro de debate de los dos principales candidatos por España a las elecciones europeas (y su subconsciente casposo en comentarios posteriores) hayan contribuido a la operación de disimular lo más posible el escándalo del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, presuntamente cometido por una compañera de partido (el Partido Popular, por si no han caído). Han conseguido incluso darle la vuelta al escándalo y emprender una contraofensiva con la ayuda de quienes practican el periodismo basura y de quienes vierten en las redes sociales cualquier ocurrencia siniestra u obscena que se les ocurra.
El caso es que han contado con la discreción absoluta de toda la oposición, que secundó la suspensión de la campaña y la condena rotunda del asesinato, sin entrar en valoraciones de la persona asesinada. Hubo algunas excepciones, como esas dos concejalas socialistas de distintos municipios gallegos (una aludiendo a la siembra de vientos y otra, al corte de las barbas del vecino), que rectificaron enseguida, pidieron disculpas y dimitieron de sus cargos. No fueron nada discretos, en cambio, determinados opinantes de la caverna mediática que desde el primer minuto consideraron el crimen como una consecuencia del clima de crispación que ellos atribuyen a las movilizaciones sociales (los escraches contra los desahucios, en particular), sin que hayan rectificado lo más mínimo después de que la investigación ha puesto al descubierto una historia que parece más inspirada en los viscerales principios de cierto personaje de la telebasura (ya saben: “por mi hija, mato”) o en ese difuso concepto del ajuste de cuentas con que se suelen despachar algunas muertes violentas que se producen en determinados ambientes.
Como todo eso sonaba bastante sórdido, para desviar la atención del asunto principal han aprovechado los exabruptos lanzados por los descerebrados de turno (que, de todas formas, no han sido más graves que los que recibió en su día, y aún sigue recibiendo de vez en cuando, Pilar Manjón, por ejemplo). El inefable ministro del Interior ha centrado el foco en las redes sociales, dispuesto a localizar –como ya han empezado a hacer– a cuantos hayan colgado comentarios que puedan interpretarse como apología del delito o como amenazas a otros políticos, intentando que en esa categoría se incluya cualquier alusión crítica al historial de la víctima o cualquier muestra de indiferencia ante su muerte. Sabe que sólo surte un efecto inmediato, porque detrás de esos comentarios en las redes sociales, por muy bestias que sean (y los que recibió Pilar Manjón, que perdió a su hijo en la matanza del 11-M, fueron muy bestias), no hay materia penal, pero lo aprovecha para enredar a la opinión pública en un tramposo debate sobre los supuestos excesos de la libertad de expresión, a la espera de que se vaya diluyendo el morbo en torno al crimen.
Haría mejor en tranquilizar a la ciudadanía –y en especial a esos opinantes de la crispación, que le son afines– mostrando su convencimiento de que este asesinato es un hecho aislado, como consecuencia de unos comportamientos y unas motivaciones excepcionales y exclusivamente personales.
