Conversión al reformismo constitucional
Quizá por empezar a decir algo a propósito del reto independentista en Cataluña –después de haber aguantado acusaciones justificadas de inmovilismo–, quizá por estar a la altura de otras propuestas de las fuerzas emergentes o del partido socialista que trata de renovarse una vez más, quizá respondiendo a posibles demandas ciudadanas detectadas en secretos sondeos (como los que aconsejaron archivar las intenciones de cargarse la ley de plazos sobre el aborto) o quizá como simples globos sonda, a ver cómo reacciona el personal (incluido el propio personal militante). El caso es que algo parece moverse en la derecha centralista en materia constitucional.
Tras iniciar contactos con otros grupos parlamentarios para estudiar una reforma del Senado, incluso con retoques en la Constitución si fuese necesario, ahora el presidente del Gobierno se muestra dispuesto a debatir sobre la reforma de la Constitución en la próxima legislatura, ratificando en cierto modo unas declaraciones previas del ministro de Justicia (que no es militante del PP pero que forma parte del círculo de colaboradores de confianza de Mariano Rajoy) en las que defendía la posibilidad de una reforma constitucional, concretamente en la delimitación de competencias de la administración central y de las administraciones autonómicas (junto con el reforzamiento de mecanismos de coordinación y cooperación) y en la eliminación del predominio masculino en la sucesión al trono de España.
Estos aspectos, y alguno más (como la ya mencionada reforma del Senado y la inclusión en el texto constitucional de la incorporación a la Unión Europea), se recogían en el informe del Consejo de Estado de febrero de 2006, elaborado en respuesta a una consulta que le había elevado el gobierno central (socialista entonces) un año antes con vistas a una posible reforma constitucional. Aquello se quedó sólo en un intento, ante la nula receptividad de los populares a secundar la iniciativa. Una nueva propuesta socialista en 2013 –para configurar una estructura federal del Estado, como reacción al reto independentista en Cataluña– fue también ignorada por el PP, con el argumento, entre otros, de que no había consenso para sacarla adelante. Argumentación contundente: el consenso no podía existir si el partido con mayoría parlamentaria absoluta (es decir, ellos) ni siquiera se molestaba en abrir el debate.
Curiosamente, el converso Rajoy alude ahora al informe del Consejo de Estado que ignoró hace nueve años. Una muestra más de la desmemoria con la que esta derecha de freno y marcha atrás cubre sus parsimoniosos ritmos de cambio social e político. Pasó ya con la ley del aborto: cuando los socialistas sacaron la ley de plazos (con el apoyo de casi todos los restantes grupos parlamentarios), los acusaron de haber roto el consenso de la ley anterior de 1985, como olvidándose de que entonces el PP no sólo votó en contra sino que presentó un recurso de inconstitucionalidad. Al final, renunciaron a la reforma radical de Ruiz-Gallardón (y al propio Ruiz-Gallardón también) y se contentaron con la reforma parcial de exigir consentimiento paterno a las mujeres de 16 e 17 años que pretendan interrumpir su embarazo.
Está por ver, de todas maneras, el alcance real de esta conversión al reformismo constitucional. Si se queda en un simple gesto de falso dinamismo electoralista o si se agota en propuestas de difícil consenso, lanzadas con la única intención de que sean rechazadas por la mayoría de los grupos parlamentarios. Ese recelo se advierte en algunas reacciones políticas ante estas declaraciones. Causas para el recelo las hay en abundancia. Basta con repasar la deriva recentralista de las relaciones de este gobierno central con las comunidades autónomas en general, con independencia de su color político.
@jagacinho
