El ministro socialista que quiere ser Sarkozy
Cuando el presidente Nicolas Sarkozy inició en Francia, hace algo más de tres años, su cruzada contra los asentamientos irregulares de gitanos, los partidos de izquierda (incluido el Partido Socialista actualmente en el gobierno) le acusaron de populismo electoralista. Y era cierto que las expulsiones periódicas de gitanos solían coincidir con convocatorias electorales. Como ahora, ya con gobierno socialista, en vísperas de unas elecciones locales y de las elecciones al Parlamento Europeo.
Así pues, primero con la derecha y ahora con el PSF, en Francia se ha seguido la política de persecución a los gitanos que inició en Italia en 2008 el gobierno de Berlusconi, con la expulsión de hasta doce mil romaníes, la mayoría procedentes de países de la propia Unión Europea (Rumanía y Bulgaria) y de países balcánicos, pero también algunos residentes de antiguo en la misma Italia (o nacidos allí). Eso sí, en Francia, las expulsiones no han ido acompañadas de palizas e incendios de chabolas a cargo de pandillas racistas, como los que se produjeron en territorios de la Camorra napolitana.
En su campaña presidencial, el socialista François Hollande (presidente de la República Francesa desde hace casi año y medio) prometió poner fin a las detenciones administrativas de menores y de familias con niños, en referencia a las actuaciones contra inmigrantes indocumentados. Su ministro del Interior, Manuel Valls (que parece seguir los pasos de Sarkozy y aspira a dar el salto desde la cartera del orden público a la presidencia), para justificar la continuidad de las expulsiones sistemáticas, acusaba a los gitanos de no querer integrarse. Y en la primera ocasión en que una de esas expulsiones ha trascendido a la opinión pública, resulta que se trata de una gitana adolescente de quince años que lleva cuatro cursos en un instituto, al parecer con notable aprovechamiento. Se ha sabido, además, porque su “detención administrativa” (a una menor, componente de una familia en la que hay otros cinco menores, todos ellos igualmente detenidos y expulsados con sus padres) se produjo en un autobús escolar, a la vista de profesores y compañeros. Es inevitable pensar en que este tipo de actuaciones contundentes se han podido repetir en otras expulsiones de las que sólo se conoce el número.
El ministro Manuel Valls, de origen catalán, se sitúa, como no podía ser menos con actuaciones como esta, en el ala derecha del PSF. Su política de seguridad, sobre todo tras conocerse este caso, divide a los socialistas franceses. Sin ir más lejos, Anne Hidalgo, de origen andaluz y candidata a la alcaldía de París, se ha pronunciado a favor del regreso de toda la familia Dibrani (y no sólo de la chica del autobús, como ha propuesto, ridículamente, el presidente Hollande). No todos quieren hacer campaña mirando a la ultraderecha. Quizá recuerdan que entrar al trapo de la inseguridad ciudadana sin criterios propios le hizo pasar a Jospin en 2002 por el bochorno de ser eliminado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y de tener que pedir el voto para un personaje como Chirac (encausado por corrupción en cuanto dejó la presidencia) para evitar que el ultraderechista Le Pen llegara a presidente.
El caso es que las encuestas señalan que la indignación de un 46 por ciento por la detención de Leonarda Dibrani en un autobús escolar es compatible con un 65 por ciento de oposición al regreso de la familia Dibrani (el 89 por ciento, entre los votantes de la derecha). No puede extrañar, por tanto, que el Frente Nacional encabece, por primera vez, un sondeo de intención de voto para las elecciones al Parlamento Europeo.
Y no es sólo en Francia donde la extrema derecha está recogiendo el malestar ciudadano por las consecuencias de la crisis.
