El peligroso juego de la legalidad inmutable
Quizá no convenga obsesionarse demasiado con esgrimir la legalidad, parapetándose tras ella para evitar el ejercicio de la negociación política, que siempre es un ejercicio arriesgado si no se tiene la inteligencia suficiente para mantener el equilibrio entre la defensa de los principios propios y el margen de cesión ante las propuestas ajenas. Y no conviene obsesionarse porque son abundantes los ejemplos en los que la legalidad pasa a un segundo plano, sustituida por una lucha de poder. Al fin y al cabo, la legalidad se cambia, si se dispone de poder para hacerlo o si no hay más remedio que ceder a la presión de un poder superior (de dentro o de fuera, de una insurrección popular o de una potencia extranjera).
La mayoría absoluta del Partido Popular, por ejemplo, acaba de retirar a España de la aplicación de la llamada justicia universal, con una ley confusa que entra en contradicción con convenciones internacionales e incluso con intereses propios en materia de terrorismo y narcotráfico, todo ello para congraciarse con la dictadura china o con los presuntos asesinos del periodista José Couso (del ejército de los Estados Unidos, no se olvide). De la misma forma que se cambió en semana y media, y sin referéndum popular, un artículo de la Constitución Española, por sugerencia epistolar del entonces presidente del Banco Central Europeo, que Rodríguez Zapatero negó en su momento pero luego desveló en un libro de justificación personal que le publicó Planeta.
Estos juegos de legalidades son especialmente escandalosos en el llamado derecho internacional. En Ucrania chocan las acusaciones mutuas entre prooccidentales y prorrusos de infringir las legalidades de unos o de otros. La última: el actual gobierno de Kíev, nacido de una movilización ciudadana en la que no faltó la violencia, se queja ahora de que en la región de Donetsk estén recurriendo al mismo método, y acusan a Rusia de estar detrás (como antes les acusaban a ellos de tener detrás a Estados Unidos y la Unión Europea). Y por no remontarnos a situaciones anteriores como las primaveras árabes o las revoluciones de terciopelo o de colores diversos en países del Este y de Asia, en estos días contemplamos las movilizaciones ciudadanas en Venezuela que –con abundantes muestras de violencia por parte de unos y de otros– están poniendo dramáticamente en cuestión una legalidad a la que teóricamente todos se atuvieron en elecciones celebradas hace apenas un año (presidenciales) y hace cinco meses (locales), sin que defensores acérrimos de la literalidad de sus legalidades muestren la más mínima preocupación por la supervivencia de la legalidad venezolana.
A veces, esa obsesión por remitirse a una interpretación rígida de los textos legales parece una invitación a que las reclamaciones se hagan de manera más contundente. O eso podría deducirse siguiendo el hilo de la reflexión del economista catalán Xavier Sala en el Foro de Davos el pasado mes de febrero –y que el portavoz del PNV ha recordado en el inútil debate en el Congreso sobre la proposición de ley del Parlamento catalán para celebrar un referéndum–, cuando le echaba en cara a Durâo Barroso que la Unión Europea abre sus puertas a países que han conseguido su independencia a sangre y fuego, como Croacia, mientras advierte que se las cerrará a países que, como Escocia –o, muy hipotéticamente, Cataluña–, podrían acceder a ella por la vía pacífica de las urnas.
