Justicia sin mayúscula
No tengo ni ganas de ponerme a argumentar las razones jurídicas que avalan la actuación del juez Baltasar Garzón en cada uno de los casos por los que está sufriendo persecución judicial y que ya han desembocado en una primera sentencia "ejemplar". Me parece inútil. Quienes forman esta especie de consejos de guerra sumarios saben perfectamente todas esas razones. Como saben que la justicia nunca se ha escrito con mayúscula y que basta una hábil manipulación de matiz para dar consistencia jurídica a una operación de represalia en la que confluyen diversos intereses, rencillas, rencores, escalafones y sensibilidades ideológicas y burocráticas. Como diría Ruiz Gallardón, a propósito de su panoplia de contrarreformas judiciales, no sé de qué nos sorprendemos. Tal como se han ido urdiendo las sucesivas tramas inculpatorias, formalmente denominadas "instrucciones", ha ido quedando claro que el objetivo era condenar a Garzón como fuera. En todo caso, queda por despejar la duda de si se conformarán con una condena o si apostarán definitivamente a triple ganador.
Primero fueron los ataques del PP contra un juez al que en otro tiempo habían subido a los altares (cuando inculpaba a miembros de gobiernos socialistas por los GAL). No le perdonaron que diese curso a la investigación de un entramado de corrupción que salpicaba a los gobiernos de Aznar y a los gobiernos autonómicos de Madrid y Comunidad Valenciana, ambos controlados desde hace tiempo por la derecha. Estos que ahora piden respeto ante la sentencia del Tribunal Supremo no tuvieron entonces ningún respeto por Garzón, al que descalificaron con arrogancia insultante (la misma con la que insultaron constantemente a Rodríguez Zapatero a lo largo de sus siete años como presidente del Gobierno).
La campaña del PP parece que levantó la veda. Empezaron a acumularse otras cuentas pendientes contra el juez estrella, incluida una que ya había sido archivada por inconsistente, la de los pagos por dirigir un curso en Nueva York, y que en su tiempo había sido promovida por algunos amigos de Mario Conde dentro de una particular cruzada contra Emilio Botín, uno de los patrocinadores del curso. Los ultraderechistas de Manos Limpias y Falange aprovecharon la coyuntura para sacar adelante una esperpéntica acusación de prevaricación por la apertura de una investigación sobre los crímenes del franquismo, y la sacaron adelante con el asesoramiento gratuito del propio juez instructor (decepcionante hasta ahora, por cierto, la posición de la asociación Jueces para la Democracia, a la que parece que sigue perteneciendo ese juez, Luciano Varela, instructor en la causa del franquismo y miembro del tribunal juzgador en la que ha concluido en condena por unanimidad).
Por supuesto, quienes mejor provecho están sacando de esa campaña son los propios acusados de corrupción en el caso Gürtel, al que esta sentencia les abre el camino a la absolución general, como ya sucedió, curiosamente, en otro escándalo de corrupción que afectaba al PP, el caso Naseiro. Todos ellos pueden brindar (no sé con qué porque, en estos momentos, ni el cava ni el champán se ajustan a sus prejuicios anticatalanes y antifranceses) para celebrar la recuperación de las viejas esencias. No en vano la casualidad (¿o también eso lo calcularon?) ha hecho coincidir la sentencia "ejemplar" con la vuelta al gobierno de la derecha y los anuncios de contrarreformas judiciales.
El mejor cine crítico norteamericano nos muestra a menudo las miserias del sistema judicial de su país, convertido a veces en un descarado mercadeo de culpas y tratos, pero casi siempre aparece al final un juez íntegro, un policía incorrupto o un abogado intrépido que hace prevalecer la justicia. Cosas de películas y de la autocensura no escrita que se aplica la industria cinematográfica, parte, en definitiva, de un difuso aparato de propaganda ideológica. La realidad nos demuestra que los íntegros, incorruptos e intrépidos suelen fracasar en sus intentos de escribir la justicia con mayúscula.
