Pirotecnia regenerativa preelectoral
Ya han definido el momento económico como de recuperación y hacen todo lo posible para que esa definición predomine por encima de cualesquiera otros matices, como la precariedad de los nuevos empleos (y de los antiguos, desvalorizados progresivamente gracias a la reforma que eliminó derechos laborales) o los inciertos resultados de una falsa reforma fiscal, por no hablar de que lo que se presenta como un triunfo de este gobierno no es más que una recuperación parcial de las grandes pérdidas registradas durante su gestión: los números de esta “recuperación” son peores que los que dejó el gobierno anterior. El caso es que, transmitiendo la idea de haber superado la crisis, el gobierno afronta los preparativos de las próximas convocatorias electorales con una apresurada limpieza de fachadas y algunas descaradas readaptaciones de las normas para tratar de neutralizar los efectos de resultados previsiblemente menos favorables.
Aunque simularon no estar afectados por los resultados de las elecciones europeas (habían quedado los primeros y eso ya les parecía suficiente), estos retoques anunciados indican una cierta preocupación. Hasta ahora, los escándalos de corrupción no han tenido repercusiones decisivas en la cosecha de votos, por lo menos no lo suficiente como para no mantenerse en cabeza, frente a la alternativa de izquierda, que resulta más castigada que ellos por su correspondiente cuota de corrupción.
Los populares llevan toda la legislatura ignorando una investigación judicial que va acumulando, implacablemente, datos que apuntan a una corrupción generalizada en el partido, mientras tratan de vender continuamente medidas de transparencia y rigor que nunca terminan su recorrido parlamentario. Como en el cuento de Pedro y el lobo, sus nuevas promesas de regeneración democrática, repetidas estos días, son acogidas con el consiguiente escepticismo general, cuando no directamente con sarcasmo.
En esta ocasión, la pirotecnia regenerativa viene acompañada de una propuesta que no tiene que ver con la supuesta lucha contra la corrupción, sino más bien con la presumible pérdida de mayorías absolutas en ayuntamientos. La idea es presentada como elección directa de alcaldes, cuando, en realidad, lo que pretenden es que sea proclamado alcalde el candidato que encabece la lista más votada, con independencia de que cuente o no con una mayoría suficiente en el pleno municipal. Una elección directa exigiría una votación específica para elegir alcalde, diferente de la votación para elegir concejales, de la misma forma que en casi todos los países americanos y en algunos europeos (Francia y Portugal, por ejemplo) los ciudadanos eligen directamente al jefe del Estado (que en España, por cierto, es un cargo hereditario), en votación separada de las elecciones de diputados y de senadores.
Con votación específica o con designación de la lista más votada, la novedad estaría forzando el sistema general marcado en la Constitución, tanto para el Gobierno central como para los autonómicos y los ayuntamientos (la elección del ejecutivo por el parlamento o equivalente). Pero parece que sólo respetan la Constitución (o, mejor dicho, su interpretación de la Constitución) para impedir un referendo consultivo en una comunidad autónoma.
Siguen la pauta de improvisación y chapuza de la que tanto acusaron al gobierno anterior (hasta al presidente del Congreso se le ha escapado estos días el reconocimiento de que el aforamiento del rey cesante se había arreglado de un modo un tanto chapucero). Instalados ya en la histeria preelectoral, tratan de controlar los daños previsibles aplicando remedios aparentes para que los daños sean mínimos.
Combatir verdaderamente la corrupción y hacer una profunda reforma de la ley electoral –no digamos ya encarrilar la economía– son objetivos que seguramente desbordan las intenciones y las capacidades de unos políticos que, por lo que se ve, sólo confían en ligeros toques de maquillaje para convencer a los electores de que no lo están haciendo tan mal.
