Recelos centrales contra las periferias
Como para que quede claro lo que se considera realmente importante y superior, en Francia, como en esta España de la crisis y la de la austeridad discriminatoria, cuando se trata de reformar (es decir, recortar) la administración pública para hacerla, dicen, más eficiente y ahorrar cuartos, casi siempre se piensa en las instituciones periféricas. El tronco central, el Estado, parece tener cierto carácter de entidad esencial e intocable, sagrada.
En España, de momento, no se piensa en reducir el número de comunidades autónomas, como van a hacer en Francia con sus regiones a partir de enero de 2016. El gobierno español parece preferir que mueran por consunción. Hace recaer sobre sus principales competencias (sanidad y educación) el grueso de la política austericida con la que finge luchar contra la crisis, mientras reparte desigualmente la contribución a la rebaja del déficit público y aplaza indefinidamente la renovación de la financiación autonómica.
El gobierno francés, más directo, pega un buen tijeretazo a su estructura regional. Las actuales 22 regiones del territorio metropolitano van a quedar reducidas a trece (hay cinco más en lo que les queda de las viejas colonias, pero resulta más difícil fusionarlas: están repartidas por diversos continentes y cuatro de ellas son islas). En paralelo, van a fusionar municipios y suprimir los departamentos (provincias).
De esta reestructuración territorial en un Estado tan centralista como el francés, lo más interesante es precisamente la supresión del nivel provincial, un órgano directo del gobierno central, como lo eran también en parte las regiones en principio, cuando fueron creadas por el presidente Pompidou en 1972, unos años después de que De Gaulle lo intentase en 1969 y le costase su carrera política por someter el proyecto a un referendo que se convirtió en un plebiscito sobre su gestión y perdió. Fue en 1986, con Mitterrand de presidente, cuando se constituyeron los actuales consejos regionales elegidos por sufragio universal, sin competencias legislativas pero sí de reglamentación en materia de desarrollo económico, enseñanzas media y profesional, medio ambiente, transportes e infraestructuras.
Los que en España se apresuran a poner de modelo el caso francés deberían pensar que, por ejemplo, una concentración de comunidades autónomas pondría inmediatamente sobre la mesa la fusión de Euskadi y Navarra, tan denostada por la derecha navarrista y la centralista (que quizás propondrían incorporar al paquete Cantabria y La Rioja para diluir el efecto abertzale). Los diseñadores del modelo francés, por otra parte, querían prescindir de factores identitarios, pero Bretaña ha conseguido mantener su identidad en solitario, tras resistirse a ser fusionada con el País del Loira. En España posiblemente habría más de una resistencia identitaria. Y suprimir aquí las provincias obligaría a una reforma constitucional, a la que tiene pánico el gobierno actual, que va a fortalecer las obsoletas diputaciones provinciales a costa de vaciar de competencias a los pequeños ayuntamientos.
Con tijeretazo institucional o por asfixia presupuestaria, en la Europa de la diversidad van abriéndose paso criterios de uniformidad y concentración, manejados como sinónimo de eficiencia y competitividad, en una de esas contradicciones esenciales de la economía de mercado, que se basa en la libre competencia pero tiende inexorablemente al monopolio (salvo que una política intervencionista ponga límites a las concentraciones).
Hay quien piensa que la fragmentación de Europa que siguió a la caída del Imperio Romano fue un factor clave de la explosión de ideas para la supervivencia que hirvieron en la caldera de la Edad Media y que, a partir del Renacimiento, marcaron la hegemonía económica, técnica y cultural de Occidente durante siglos. Quizás la decadencia de esa hegemonía tiene que ver con estas y otras pérdidas de diversidad.
