Sombras y prejuicios en torno al TTIP
Puede que a algunos les parezca que quienes están expresando y promoviendo protestas contra el tratado que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea se están dejando llevar por los típicos prejuicios izquierdistas contra el capitalismo. Se lo parece, sobre todo, a quienes cocinan el futuro Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), que, al fin y al cabo, todavía está en fase de negociación y, aunque circulan algunas ideas sobre sus criterios básicos, todavía no se sabe su contenido concreto. Precisamente, la queja inicial de quienes protestan se dirige contra el secretismo con el que se están desarrollando esas negociaciones y quienes practican el secretismo no deberían quejarse de que los disidentes se dejen llevar por los prejuicios.
Los antecedentes, por otra parte, abonan esos prejuicios. Nadie puede ignorar que, con el pretexto de combatir una crisis causada por ellos mismos, el poder político y el poder económico están desarrollando en Europa un proceso de disolución del sector público en todos sus aspectos, incluidos los más directamente sociales (educación y sanidad), en paralelo a una desregulación de las actividades económicas del sector privado, desde las facilidades fiscales hasta las flexibilizaciones en materia salarial y laboral. Un giro muy visible en relación con los equilibrios sociales que se estuvieron construyendo en la comunidad europea después de la segunda guerra mundial.
En principio, el objetivo principal de ese tratado puede ser aceptado por todos, salvo por los proteccionistas a ultranza. Crear una zona de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, con la eliminación progresiva de las barreras arancelarias, es una meta asumible por parte de dos grandes zonas económicas de nivel parecido. No caería en los efectos perversos de una globalización generalizada que afecta a países de muy distinto nivel económico y que suele traducirse en situaciones de neocolonialismo.
Pero la zona de libre comercio EEUU-UE tiene sus sombras (o sus prejuicios, si se prefiere). El comercio quedaría tan libre que se rebajarían sensiblemente las normas y controles de calidad, los derechos de los consumidores o usuarios y la protección del medio ambiente. Son algunos de los “prejuicios” filtrados entre el secretismo. Como el del control –aquí sí– de la legislación de cada uno de los países afectados por el tratado, que pasaría a ser una especie de Constitución general, a la que habría que supeditar cualquier normativa. Un tribunal específico –al margen de la justicia ordinaria– atendería los recursos empresariales contra cualquier desviación estatal.
Un Consejo de Cooperación Regulatoria Transatlántica vigilaría por el cumplimiento del tratado y por sus posibles correcciones en el futuro (se supone que continuando la tendencia marcada hacia la desregulación total). Nada que objetar, si fuera sólo un consejo representativo de los estados implicados, pero, por lo que se sabe hasta ahora, ese consejo estará formado por representantes de los gobiernos y por representantes de las corporaciones privadas, que, como se sabe, ni siquiera representan a sus accionistas (a los que se limitan a pagarles sus dividendos, si los hay, mientras especulan con sus capitales).
Cuando se levante el secreto del sumario (perdón, del tratado), quizá se disipen todas esas sombras, o algunas de ellas al menos. No sabremos si será porque los negociadores ya lo tenían previsto o si rectificarán por la presión de las protestas. Los prejuicios, en todo caso, habrán jugado su papel, el de escenificar la profunda desconfianza ciudadana hacia unos políticos que van restringiendo cada vez más los límites de las decisiones democráticas.
@jagacinho
