La real normalidad histórica

Normalidad institucional y acontecimiento histórico han sido dos calificacioines que se han repetido, con referencia al relevo de monarca en España, en los medios oficiales (que, en esta ocasión, no han sido sólo los medios públicos). No deja de ser un tanto contradictorio unir ambos conceptos, a menos que se piense que en España es todo un acontecimiento histórico (por su  excepcionalidad) que funcione la normalidad institucional. Como no resulta muy normal que, en su proclamación, el nuevo rey haya tenido que dedicar una buena parte de su discurso a explicar las funciones de un rey en una monarquía parlamentaria, a menos que se haya tratado de una manera sutil de reivindicar la necesidad de restablecer en la enseñanza la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Quizá la normalidad signifique también cerrar filas en torno a la veneración de la figura real, como se ha puesto de manifiesto en el enorme despliegue de la inmensa mayoría de los medios de comunicación convencionales, a medias entre la crónica rosa y la exaltación patriótica. Puede que hayan pretendido que se haga borrón y cuenta nueva después de estos últimos años de escándalos personales y familiares que empezaban a cuartear el prestigio de una institución que se había ganado su certificado de utilidad con el control de los franquistas en el proceso de transición a la democracia. Está por ver si ese certificado mantiene su vigencia o si hace falta volver a demostrar que es útil una institución considerada, entre otras cosas, un símbolo de la unidad del Estado, en unos momentos en los que en algunas partes del todo estatal se está promoviendo directamente la fragmentación de esa unidad.

No ha transmitido mucha normalidad la obligada improvisación de una ley orgánica de abdicación específica para este caso, a falta de una ley general que contemple todas las circunstancias de funcionamiento de la Corona y sus movimientos sucesorios, incluida la posibilidad de aforamiento de un rey retirado, sobre cuya intemperie judicial parecen tan preocupados en el Gobierno. Esa falta de previsión –en casi treinta y seis años de vigencia de la actual Constitución Española– ha hecho coincidir la tramitación urgente de estos parches legislativos con el debate directo sobre la continuación de la propia monarquía, acumulando, de paso, la reivindicación de referendos imposibles. Por cierto que las modestas manifestaciones republicanas –más nutrida la de los tres mil coruñeses que reencarnaron su pasado de ayuntamientos republicanos antes del 14 de abril– no guardaban proporción con la histeria represiva de algunas autoridades, empeñadas en conseguir unanimidades que las cámaras de televisión desmentían sin palabras, simplemente con las imágenes de una discreta concurrencia de público al paso del cortejo. 

Tanta excepcionalidad, en medio de una profunda crisis de confianza y credibilidad que afecta al conjunto del sistema democrático, parece necesitar un verdadero acontecimiento histórico para que se restablezca una auténtica normalidad institucional. Quizá no vendría mal un serio repaso al texto constitucional, una vez que se pueden considerar superadas algunas de las circunstancias históricas que impusieron en su momento determinadas limitaciones. Tarea imposible, claro, si la fuerza política más votada considera que todo transcurre con normalidad en las instituciones y en la economía, y que el gobierno que sostiene con mayoría absoluta declara el comienzo de la recuperación económica con la siempre prometida rebaja de impuestos (en realidad, dejándolos más o menos como se los encontró y con recorte especial a los que más ganan, después de haberlos subido antes por hacer lo que había que hacer).

Tarea imposible, desde luego, hasta que las urnas recojan otros resultados. 

@jagacinho