Las injustas carambolas de la crisis

Los vaivenes que se han sucedido en el mundo, y especialmente en Europa, en torno al fenómeno de la actual crisis económica, considerada la más grave desde la de 1929, han sembrado la confusión sobre las causas, los responsables y las consecuencias de este desastre. Consciente o inconscientemente, esa confusión ha permitido diluir responsabilidades y dirigir las soluciones hacia aspectos que, en principio, no tenían nada que ver directamente con la crisis, permitiendo en muchos casos que las víctimas sean tratadas como culpables. Y, por supuesto, está prolongando la crisis, sobre todo en Europa, porque, aprovechando la confusión, se están imponiendo medidas que nada tienen que ver con su solución y que favorecen a la especulación más que al crecimiento.

Quizá convenga recordar que esta situación empezó en Estados Unidos con la proliferación de las famosas hipotecas basura, exportadas desde los principales bancos estadounidenses al resto del mundo, envueltas en paquetes de valores que se vendían como novedosos productos de la ingeniería financiera y que han intoxicado en cadena los circuitos de la especulación. Todo muy en la línea neoliberal que viene marcando tendencia desde los años ochenta del pasado siglo y que ha demostrado poder suficiente como para haberle dado la vuelta a esta crisis de la que es culpable y colocarse a la cabeza de la nueva situación.

Apenas cuatro o cinco años después de que empezara a estallar esa especie de tocomocho global, y después de que los bancos (en Estados Unidos y en Europa) se hayan beneficiado de ayudas billonarias en su conjunto para sanearse, son estos mismos bancos (con su cohorte de fondos especulativos diversos) los que ponen cerco a las deudas públicas europeas, sobredimensionadas en buena parte por esas mismas ayudas, y aprovechando además la debilidad estructural sobre la que se montó el euro, como consecuencia de los recelos de los nacionalismos estatales que han impedido (y siguen impidiendo) la configuración de una autoridad económica europea común y de un banco central europeo que sirva para algo más que marcar los tipos de interés.

A la sombra de esa batalla especulativa en torno al euro, los neoliberales han visto la posibilidad de asestar los últimos hachazos (o, por lo menos, los penúltimos) a las conquistas sociales de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la socialdemocracia puso rostro humano al capitalismo, como alternativa democrática a la dictadura burocrática en que había derivado la revolución bolchevique, tras su etapa de terrorismo estalinista. Desaparecido el miedo al comunismo y entregado el sector financiero a la especulación imaginativa sin control (que es a lo que los neoliberales, ultraliberales o neoconservadores, con o sin té, llaman libertad), todo era cuestión de tiempo y de oportunidad para desmantelar los sueños equilibradores europeos, heredados de la Ilustración.

Y así, los acérrimos defensores de un sistema económico basado en el despilfarro más irracional se han convertido en adalides de la austeridad institucional más rígida. Eso sí, con la cláusula irrenunciable de que la deuda pública es prioritaria a la hora de hacer cuentas con los acreedores, tal como figura, por ejemplo, en la reforma constitucional aprobada por los dos grandes partidos en España de prisa y corriendo, en uno de los innumerables intentos inútiles por calmar a los mercados insaciables. Esa prioridad marca la dirección de los recortes y, aunque las pensiones, los funcionarios, la sanidad o la educación no hayan tenido culpa alguna en la generación de la crisis, reciben el castigo que merecían los verdaderos culpables, que siguen al frente de sus chiringuitos financieros incluso con sus remuneraciones manifiestamente mejoradas. Y aunque la falta de créditos sea la causa principal del estancamiento económico y de la falta de empleo, nos han convencido de que la única manera de crear puestos de trabajo es acometer una profunda reforma laboral, eufemismo con el que apenas camuflan la intención de rebajar sensiblemente las condiciones laborales, desde la negociación colectiva hasta el coste del despido.

Naturalmente, y a estas alturas de la confusión, cualquier otra cosa que no sea la deuda pública, la prima de riesgo o el déficit presupuestario pasa a muy segundo plano, por muy dramática que sea la hambruna en el cuerno de África (muestra sobrecogedora de un continente que sigue viendo saqueados sistemáticamente todos sus recursos) o por muy negras que sean las perspectivas de supervivencia de la especie humana como consecuencia de ese calentamiento global para cuya corrección nunca hay tiempo ni ganas.

Lo peor de todo este panorama inquietante es que no se trata del resultado de una gran conspiración, planificada al detalle. Si así fuera, bastaría con denunciarla y desmantelarla. Se trata más bien del resultado de acciones incontroladas, cada una con objetivos concretos y parciales, algunos incluso legítimos, pero que, colocados en un contexto ideológico que prima el afán de lucro (el fundamento del sistema) y que reserva los controles para hipócritas prejuicios morales, van propiciando carambolas de injusticia que, a la larga, perjudican a todos o, por lo menos, a la inmensa mayoría.

Cuando ya no quede cinturón que apretar y todos los fondos de inversión hayan cobrado todos sus intereses, quizá se empiece de nuevo a crear puestos de trabajo. Para entonces, cualquier trabajador aceptará cualquier empleo con cualquier salario y en cualesquiera condiciones de horario, disponibilidad o movilidad. O, al menos, eso es lo que esperan y desean los empresarios más fundamentalistas. Y lo peor es que tienen muchas posibilidades de conseguirlo.