Tan legítimo sería que el gobierno español –el que está ahora en funciones o el que pueda ser investido, si los políticos electos son capaces de hacer política y llegar a acuerdos– hiciera frente a los posibles pasos del nuevo gobierno catalán hacia la independencia a base de recursos de inconstitucionalidad, o incluso haciendo uso del artículo 155 de la Constitución española, como que, en un golpe de audacia, retase a los independentistas a aceptar la celebración de un referéndum que aclarase directamente cu